La dificultad de una noble labor suele quedar ensombrecida por el grato recuerdo de aquellos que dedicaron su esfuerzo y su virtud a superarla. Cuando se cumplen diez años –nada menos que diez largos años- del absurdo y cruel asesinato de mi compañero Luis Portero García, casi nadie recuerda la enorme dificultad, soledad e incomprensión que tantas veces tuvo que rodear el desarrollo cotidiano de su ingrata labor como Fiscal Jefe de nuestro Tribunal Superior de Justicia.
Quien no tuvo el placer de tratarlo y sólo pudo conocerlo superficialmente en algún encuentro profesional, quien solo puede esbozar el recuerdo grato de su exquisita educación y de su conocido buen juicio profesional, quiere dejar el triste quehacer de glosar sus numerosas virtudes a un selecto grupo de amigos y colaboradores que lo quisieron y lo respetaron con toda sinceridad y que, como he tenido oportunidad de comprobar, lo siguen añorando cuando encuentran su respetada figura tantas veces presente en la vida cotidiana de nuestra ciudad y en el entorno más amable de nuestros tribunales. Sí creo que merezco cierta legitimidad moral para recordar esta dificultad olvidada que envolvió su trabajo con bastante frecuencia, al enfrentar las mismas o parecidas preocupaciones y tener el privilegio de vivir una experiencia tan similar como enriquecedora.
Mi diálogo con Luis Portero ha sido siempre el diálogo de su ausencia al intentar vislumbrar cual hubiera sido su recto criterio a la hora de resolver esos fieles problemas llenos de ángulos oscuros y afiladas aristas a los que ambos hemos tenido que enfrentarnos. Pocas personas podrían comprenderlo como yo y pocas podrían comprenderme a mí como él. Y es que, aunque la realidad del presente tiende siempre a engañarnos, los problemas se repiten y también, afortunadamente, se repiten las soluciones. Por eso, la estela de su amistad me ha permitido -a través de aquellos compañeros que lo recuerdan y nombran con tanto y tan sincero aprecio- que la referencia de sus decisiones pudiera asistir mi torpe criterio y ayudarme a encontrar el camino correcto en más de una encrucijada.
Debemos recordar que la labor profesional de Luis Portero tiene lugar en un momento de singular valor para toda la Administración española. Ciertamente, la España de su tiempo, inmersa en un profundo y prometedor debate territorial, agotaba su esfuerzo sobre otras recientes instituciones y la vieja Administración de Justicia, tenía que resolver con sus proverbiales carencias, el servicio a una sociedad que desarrollaba un nuevo derecho y construía con firmeza su libertad. Entre otras francas debilidades, quizá confiando en la generosidad del esfuerzo de muchos servidores públicos, había olvidado la importancia de una Fiscalía a la que nominalmente se le entregaba la responsabilidad de coordinar y dirigir al Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma más poblada, la que contaba con un mayor número de procesos en la jurisdicción penal, afectada –además- por graves problemas endémicos de criminalidad, con una infraestructura más que defectuosa y con una plantilla comprometida y esforzada pero insuficiente y desincentivada. Por si fuera poco, se establecía la sede de esta Fiscalía en una ciudad que no coincidía con la capitalidad política de la región, ni con la ciudad más populosa, ni con la comarca de un mayor peso económico y financiero. Sólo la inmensa tradición jurídica de Granada, al margen de otras compensaciones políticas diseñadas durante la transición, con su espléndida Facultad de Derecho, con la sede reciente del Consejo Consultivo, con una tradición jurisdiccional casi cinco veces centenaria, reconocida socialmente y tan brillantemente plasmada en la imponente fachada renacentista del Palacio de la Real Chancillería, parecían justificar la sabia decisión de nuestro Estatuto de Autonomía de 1981 al decidir expresamente que fuera la capital granadina la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, extendiendo su competencia -por razones tan prácticas como históricas- hasta las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La idea de una creciente España intensamente descentralizada que hacía del respeto a la diferencia una seña de identidad, diez años después de la promulgación de nuestra sabia Constitución de 1978, no podía resultar ajena al Ministerio Fiscal. Una institución esencialmente estatal e informada por un sólido principio de unidad de actuación, tenía que adaptarse a un nuevo sistema judicial que, por extraño que parezca, aún no había resuelto su acusado anacronismo procesal y tenía que actualizar la legislación básica con urgencia en materias tan decisivas como el proceso civil o la competencia penal. La complejidad de la tarea, aún hoy incompleta, casi siempre entorpecida por la falta de un adecuado consenso parlamentario, se vinculaba continuamente con las funciones a desarrollar por el nuevo Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia quien tenía, si quería cumplir correctamente con su deber y como una especie de penitencia añadida, que reflexionar pública y anualmente en su Memoria sobre las carencias y necesidades materiales, normativas y personales de la Administración de Justicia en Andalucía y exponer su fiel reflejo en el conocido documento fiscal para la actualización de los derechos fundamentales de la ciudadanía y para la satisfacción del interés social que debían proteger los fiscales andaluces con sus acciones legales y recursos
…Toda esta situación normativa, torpemente esbozada, demostraba que la misión no era sencilla y provocó que muchas miradas, no siempre amables y bienintencionadas, se centraran en la Fiscalía de nuestra ciudad, con la llegada de Luis Portero, para comprobar la viabilidad de una nueva y ambiciosa apuesta organizativa que constituía un capítulo especialmente importante en la historia de nuestros tribunales porque marcaba, en buena medida, gran parte de su futuro.
Contaba Luis Portero para el desempeño de su labor con una sólida formación intelectual, con experiencia extensa en funciones de Jefatura y con esa inquietud que tan claramente distingue a los verdaderos servidores públicos y los distancia de aquellos oportunistas amaestrados por el instinto sectario que a veces ensucia el ejercicio del poder. Desde un principio, la labor del Fiscal Portero procuró trasladar la necesidad urgente de dotar a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de una posición diferenciada de la Fiscalía Provincial y así lo recalcó y repitió hasta la saciedad sin conseguirlo y recibiendo -no pocas veces- la ingrata respuesta de la ambigüedad. En segundo término, reclamó la importancia de un nuevo Estatuto Orgánico que otorgara al Fiscal Jefe del Tribunal Superior una asistencia técnica continuada y suficiente que pudiera volcarse en aquellas necesidades más acuciantes y recurrentes de las Fiscalías provinciales andaluzas y que permitiera al Ministerio Fiscal rendir un correcto servicio a la ciudadanía. En tercer lugar, quiso promover el respeto institucional como un elemento básico de coordinación y la unidad de las fiscalías andaluzas para fortalecerlas y para que pudieran ofrecer una respuesta uniforme y autorizada a los exigentes retos que marcaba la preocupante evolución de la criminalidad y el atisbo incipiente, aún más preocupante, de la corrupción.
Estas y otras profundas inquietudes de Luis Portero deben ser conocidas y recordadas justamente ahora para que no se olviden y para que el tiempo pueda ponerlo en su sitio y reconocer la importancia, al margen de la terrible tragedia de su muerte, de su extensa labor como el primer Fiscal de Andalucía. En general, las sociedades contemporáneas conocen muy poco el pensamiento y la biografía de sus grandes juristas. Incluso en el ámbito universitario o profesional, es relativamente difícil encontrar una cultura media que conozca las coordenadas esenciales de la vida y destino de quienes tanto se esforzaron por entender y aplicar la solución de las leyes. Esta incívica parquedad sigue siendo un error impropio de nuestra patria que promueve muchas incomprensiones y que entorpece nuestra convivencia. Por eso los juristas deben completar el abrumado templo de las humanidades y comprometerse y darse a conocer y convertirse en una referencia para la juventud más formada e inquieta y para el debate de las más elevadas discusiones sociales.
Los esfuerzos de Luis Portero para que pudiera crearse dignamente una Fiscalía de Andalucía son ahora un acertado e incontestable imperativo legal y estatutario que ha merecido el respaldo constitucional y la unanimidad de los legisladores. La Fiscalía Superior de nuestro tiempo es muy parecida a la que trazara con tanta ilusión en sus informes anuales y a la que dictara en sus periódicas reflexiones doctrinales o académicas. El tiempo, en definitiva, le ha dado generosamente la razón en muchas propuestas que sostuvo hace más de veinte años con su habitual discreción y casi siempre desde una soledad, porque no decirlo, casi completa. Este libro sólo pretende conmemorar el rotundo fracaso del odio que lo asesinó, recordar su enorme sacrificio personal y el de toda su familia y recuperar, junto al cariño de un viejo grupo de amigos y colaboradores, un texto interesante y poco conocido por el público en general. Pero además, este grave aniversario, cuando menos, con su fría ráfaga de tristeza, nos regala la invocación de un nombre justo y esto siempre nos ennoblece, nos limpia el alma de viejas deudas y rencillas y nos hace más libres y mejores. Invoquemos el ejemplo de Luis Portero pero también las muchas dificultades que tuvo que vencer para persistir y caminar con la cabeza erguida. Es este, probablemente, el mejor argumento que nos queda para transmitir el verdadero valor de su memoria.
