Resulta muy ingrato repetir tantas veces una
verdad reconocida. Quienes han venido
acudiendo a este sencillo acto institucional en los últimos años, han escuchado
al Presidente del Tribunal Superior y a este Fiscal, reiterar la necesidad de
acometer una serie de reformas y de contar con algunas dotaciones materiales
que resultan indispensables para el desarrollo eficaz de nuestra labor. Pero en
este último ejercicio, tan difícil para todos, la sociedad andaluza ha dirigido
su atención hacia nosotros con una especial intensidad y se ha preguntado en
silencio cómo pretendemos resolver un numero tan elevado de problemas y
controversias que, en mayor o menor medida, muchas veces afectan a su vida
cotidiana. Todos conocemos las limitaciones económicas que acosan a tantas
familias, enturbian el futuro de sus hijos y proclaman los graves errores
cometidos en diversas instancias por el desorden y la falta de rigor. Además,
los ciudadanos andaluces creo que reclaman, exigiendo un lenguaje claro y
preciso, una respuesta que pueda persuadirlos y que les permita seguir confiando
en las instituciones que actúan en su nombre y que los representan.
Hace solo dos años
recordaba en este mismo lugar, sin duda uno de los grandes salones de Andalucía, que no contábamos con espacios
suficientes, con oficinas adecuadas, con la infraestructura o logística
necesaria, con una asistencia técnica que complete nuestras naturales limitaciones,
con gabinetes de comunicación que nos permitan cumplir con nuestro deber de
informar adecuadamente a la opinión pública de forma clara e imparcial, con la
elaboración de cifras estadísticas mas fiables o con equipos multidisciplinares
de investigación que sirvan para combatir la criminalidad económica y organizada
y que mitiguen –en buena medida- una crisis económica que podría vencerse con
una mayor facilidad con la eficaz ayuda de la acción penal y del control
administrativo o contable que prevengan la corrupción y el fraude.
Pero ¿para qué
recordar una vez más lo que ya sabemos? ¿No es cierto, acaso, que la verdad
cuando se repite tanto termina por diluirse en esa espuma informativa de los
días y casi desaparece, adoptando un tono de fondo gris que acaba por engullir
una especie de fatal resignación colectiva?
Procuremos reparar
estas situaciones siendo conscientes de la realidad. No podemos sostener por
más tiempo una repetida fórmula de crecimiento y de modernización de nuestro
sistema de justicia muy parcial y por tanto fallida. Seamos prácticos y
reconozcamos nuestra cortedad. No busquemos atender la carga burocrática de
trabajo que nos imponemos y consigamos acotar claramente, promoviendo las
reformas legales oportunas, solo aquello que la lógica más elemental debe
asociar con el ejercicio de la jurisdicción.
Todo esto lo hemos
manifestado en otras ocasiones. Pero hay que repetir que solo el trabajo
ordenado, el esfuerzo y las buenas condiciones laborales pueden mejorar este
panorama reiteradamente pesimista. Y es que, si todos conocemos y aceptamos
estas carencias ¿porqué no buscamos de una vez por todas una solución que
ajuste los excesos y comprenda que quizá deba operarse todo un sereno replanteamiento
presupuestario de una administración asimétrica
y en algunos aspectos desproporcionada, que parece muchas veces construida en perjuicio de la
financiación que precisan los grandes servicios públicos que están en la mente
de todos como son la Educación, la Sanidad, la Asistencia Social o la Justicia?
II
Creo que todos somos conscientes de la
situación presupuestaria que padecemos. La comprendemos y comprendemos las
enormes dificultades que el Gobierno autónomo tiene que sortear cada día para
atender las necesidades de la función pública. No es una tarea fácil. Pero
nosotros siempre hemos sido austeros y lo hemos sido tanto por necesidad como
por una firme convicción. Lo que se reclama es muy razonable porque en estos
muros, alzados hace más de quinientos años para servir a la verdad, no han
tenido cabida veleidades presupuestarias, subvenciones injustificadas,
dispendios innecesarios o hasta pequeños excesos. Conocemos el valor de las
cosas que nos rodean y entendemos lo importante que resulta saber darles un uso
duradero y paciente. Si en alguna ocasión se produjo un gasto mayor de lo necesario
ha sido quizá por una mala gestión, quizá por una inercia equivocada, por no
hacernos caso o por no hacer a su debido tiempo la pequeña inversión que
resultaba necesaria. Sabemos que la austeridad es inteligente y limpia y que
promueve en el quehacer de los tribunales una especial inquietud, una saludable
inclinación para vislumbrar la mejor solución de los problemas a los que
tenemos que enfrentarnos a diario. Quienes me escuchan y han trabajado aquí
saben que digo la verdad.
Hace un año señalaba
este Fiscal que no era –quizá- el momento de reclamar mayores presupuestos
teniendo en cuenta la situación de pobreza que se extiende entre una buena
parte de la población española y que alcanza con especial dureza a colectivos
de inmigrantes y desempleados que formaban parte hasta hace muy poco tiempo de
la indispensable clase media. La situación sigue siendo muy grave. La
solidaridad de las instituciones pero –sobretodo- la solidaridad de las
familias, de las iglesias y de otras discretas y casi olvidadas organizaciones
benéficas, vienen mitigando esta lacra que debe avergonzarnos a todos y
evitando que muchos ciudadanos que viven a nuestro lado padezcan incluso esa
suprema humillación del hambre.
El gran poeta
Horacio cantó en una de sus más famosas Odas el valor del aurea mediocritas porque no siempre entendimos igual y tuvo tan mala
fama la mediocridad. El gran poeta se refería al dorado término medio que debe
inspirar nuestra vida pública, al punto equidistante que deben guardar los ciudadanos
sin alejarse demasiado de la verdad al margen de cuáles sean sus inclinaciones,
buscando un punto adecuado que los aleje de la pobreza sin acercarlos a una
opulencia que termina dañando el conjunto de valores éticos que sostienen el
tejido social. Se refería el genio de Venusia a las clases medias que con la
facilidad de su sustento, con el trabajo digno y con suficientes recursos son
la fuente más copiosa para la seguridad jurídica, el florecimiento espontáneo del
orden y el respeto a las leyes y para la prosperidad.
Nuestras prioridades
siguen siendo las mismas que tuvimos el deber de señalar en el curso anterior,
las que ya, de hecho, habíamos recordado en ocasiones anteriores y las que esta
misma noche, nuevamente y con diversos matices, tenemos que recordar:
1. La atención a las víctimas, dándoles la información
precisa y procurando la efectiva satisfacción de las responsabilidades civiles
que hayan tenido lugar. No se trata de exponerles solo aquello que quieren oír
sino de ayudarlas a superar el dolor y cubrir sus necesidades sin que nazcan
falsas expectativas. No olvidemos la necesidad de desarrollar las Oficinas de Atención a las Víctimas previstas
en la ley desde hace tantos años pero con una escasa o nula presencia en
nuestros tribunales.
2. La incautación de bienes y la intervención de
fondos de origen ilícito debe convertirse en un horizonte prioritario que
aproveche la profesionalidad y la extraordinaria formación de nuestra Policía
Judicial.
3. La lucha contra el fraude y la corrupción, ante la aparición
de nuevos casos de enorme gravedad que han sido denunciados o están siendo
investigados por el Ministerio Fiscal en estos últimos meses, tiene que contar con
medios excepcionales y demostrar que resulta tan imprescindible como rentable. Deben
adoptarse distintas iniciativas conforme hemos señalado en nuestra Memoria anual.
4.
Parece que ya ha prendido en la sociedad española
la unánime reclamación de una legislación procesal adecuada a nuestro tiempo.
Hablamos de una aspiración a la que no podemos renunciar, estudiando su
implantación con una situación presupuestaria excepcional a corto plazo que
podrá generar -con el paso del tiempo- un notable ahorro presupuestario. La
instrucción debe trasladarse al Ministerio Fiscal sin complejos, sin
cuestionamientos carentes de rigor, solventando –de una vez por todas- esta vieja cuestión procesal española.
5.
Seguimos alertando, por último, sobre el peligro de
la demagogia como una de las más graves degeneraciones del sistema democrático.
Como señalé en mi discurso anterior, la demagogia es la triste apuesta de aquellos que solo quieren, aprovechando el
halago a sentimientos elementales, incrementar su poder o mantenerse en él y es
una lacra de consecuencias siempre negativas e imprevisibles. Su alianza creciente
con el descontento y el uso masivo del anonimato entraña grandes peligros. Uno
de los más graves, tanto como el de la impunidad, es el de las acusaciones
infundadas a las que debemos combatir con calma, con severidad y sin ningún
temor.
III
Como en años anteriores y antes de concluir este
breve discurso quiero proclamar que es preciso fortalecer, aún con mayor
energía, el compromiso de la Fiscalía andaluza en la lucha contra la corrupción,
el crimen organizado y el fraude, una postura que debe convertirse en una de
las señas de identidad de nuestra
región, una vitola para prender en nuestro temperamento.
Nuestra tierra es
una de las más brillante encrucijadas de España, de Europa y del mundo. No
permitamos que se nuble su futuro y se mancille tantas veces su nombre.
Luchemos coordinada y honestamente contra la corrupción, pero no con palabras
sino con hechos, atendiendo razonablemente nuestras necesidades, abriendo todos
los debates y críticas que sean necesarios siempre con respeto a los preceptos constitucionales
que ordenan nuestra convivencia. Hablamos de un esfuerzo colectivo y constante,
de una actuación decidida, discreta y reflexiva, nunca de una aventura
individual. Solo actuando de esta forma conseguiremos que seamos nosotros
quienes tomemos las decisiones y no las decisiones quienes nos tomen a nosotros, porque lo verdaderamente importante no solo es
que encontremos casos muy graves de corrupción, sino la forma de reaccionar
ante ellos.
Quienes me conocen
bien me han oído repetir que esta crisis económica a la que viene llamándose
últimamente Gran Recesión quizá ni sea
una crisis ni sea de naturaleza exclusivamente económica. A salvo de algunos
tecnicismos terminológicos, esta crisis no es ni ha sido nunca coyuntural, es
un fenómeno estable que ha conseguido invertir tendencias y generar cambios
estructurales en nuestra forma de vida cotidiana. Es evidente que es una crisis
económica pero también es una crisis moral, una crisis axiológica, una quiebra
de valores. Todos sabemos que buena parte del sistema financiero ha descansado en
los últimos años sobre comportamientos muchas veces crueles y equivocados que
han olvidado la prudencia inversora, la diligencia del buen comerciante, la
agudeza y habilidad en el trato, la importancia de la confianza depositada en
el gestor de nuestros ahorros; una serie de sólidos principios, en suma, que
históricamente han propiciado la igualdad, la riqueza y la justicia social allí
donde han sido respetados con una mayor energía.
No pretendo mostrar
un pasado efímero de idílica falsedad pero reconozcamos que nos hemos apartado
demasiado de una gestión virtuosa y que hemos olvidado muchas veces la
importancia de la verdad. Por eso creo que la crisis que sufrimos es también
una crisis de la verdad. Parece que
mentir sea un derecho que no solo incumbe al imputado, sino que se extiende de
manera imparable en buena parte del escenario social. Y parece que todos
debemos aceptarlo como un proceso natural. Pero es algo completamente
inaceptable y por eso debemos recordar que hacer cumplir las leyes siempre requiere
encontrar previamente la verdad. Se trata de una labor imprescindible que exige
mucha comprensión y mucha ayuda. Justamente la comprensión y ayuda que esta
noche les pido para que el encuentro con la verdad siga siendo el rumbo que
debe afrontar nuestro futuro.
