Hace algunas semanas publicaba la revista Patrimonio Cultural y Derecho -que edita desde 1997 la fundación Hispania Nostra- un trabajo que tuve la fortuna de firmar con el profesor Carlos Aranguez donde hacíamos referencia al problema, tan visible para los ojos como invisible para el Derecho, de la ciudad histórica indefensa. La cuestión es esencial para el futuro de muchas regiones, como Andalucía, vinculadas con una creciente economía de la cultura que no necesita mirar al hombre del tiempo para ser feliz durante sus vacaciones de Semana Santa; una superación del rentable paquete de Sol y Paella (dicho sea con el debido respeto) que algunos se empeñan en ofrecer al mundo como nuestra mejor aportación a la cultura de occidente.
Es ingrata la continua falta de protección de nuestros bienes culturales. En ocasiones, el aislamiento explicaba su expolio pero resulta inaudito que en una ciudad como Burgos puedan decapitarse las esculturas de San Pedro y San Lorenzo de la fachada gótica de la Iglesia de San Esteban (siglo XIII).
Parece que se ha detenido al supuesto autor, con antecedentes en el robo de antigüedades y que el Comisario Provincial ha comentado a los periodistas, quizá con alguna precipitación, que la pena máxima a la que se enfrenta es la de cinco años de prisión. Al margen de lo mucho que habría que discutir sobre la penalidad que pueda generar esta acción como uno o varios delitos de daños, de hurto y hasta de alteración grave de edificios singularmente protegidos, lo más triste es comprobar esta fragilidad de unos bienes que mejoran notablemente nuestra calidad de vida y que debieran merecer, sin conseguirlo, toda nuestra atención. El móvil podría haber sido el robo de las estatuas completas para su introducción en el mercado ilícito, circunstancia que deberá acreditar la investigación policial y que conjuga al Patrimonio Histórico con otros de sus peligros actuales y frecuentes como el tráfico ilícito, el secuestro de bienes culturales o el blanqueo de capitales.
No somos conscientes de que vivimos, tantas veces, sobre ciudades primero indefensas, luego perdidas. Tampoco de que nuestro Patrimonio Histórico se empobrece, cada día con mayor impunidad, en tanto otras naciones lo siguen construyendo sin pausa. Cada vez guardamos menos ventajas sobre otros lugares que aprecian mucho más que nosotros los dulces frutos de su pasado. El deterioro de los espacios culturales debe ser objeto de un profundo y serio debate porque en situaciones de riesgo y grave crisis económica, los fondos públicos no deben dirigirse al falso mecenazgo de la Administración Pública en fundaciones y patronatos ruinosos que solo nos sirven para engrandecer la nómina y el ego de gestores y artistas normalmente apresurados y mediocres, dedicados con indolencia a la catalogación de obviedades y a señalar aquel instinto más servil para la función social de los intelectuales y creadores. El mecenazgo solo puede alcanzarse desde la privacidad, el apoyo desde la Administración Pública a la cultura no es un ejercicio de voluntad sino un imperativo constitucional.
Nuestras ciudades monumentales tienen que construirse cada día desde nuestro diálogo interior. La mejor protección es nuestro aprecio y nuestra activa indignación para no permitir ese deterioro cómplice y silencioso que nos anuncia su pérdida irreparable.
Es ingrata la continua falta de protección de nuestros bienes culturales. En ocasiones, el aislamiento explicaba su expolio pero resulta inaudito que en una ciudad como Burgos puedan decapitarse las esculturas de San Pedro y San Lorenzo de la fachada gótica de la Iglesia de San Esteban (siglo XIII).
Parece que se ha detenido al supuesto autor, con antecedentes en el robo de antigüedades y que el Comisario Provincial ha comentado a los periodistas, quizá con alguna precipitación, que la pena máxima a la que se enfrenta es la de cinco años de prisión. Al margen de lo mucho que habría que discutir sobre la penalidad que pueda generar esta acción como uno o varios delitos de daños, de hurto y hasta de alteración grave de edificios singularmente protegidos, lo más triste es comprobar esta fragilidad de unos bienes que mejoran notablemente nuestra calidad de vida y que debieran merecer, sin conseguirlo, toda nuestra atención. El móvil podría haber sido el robo de las estatuas completas para su introducción en el mercado ilícito, circunstancia que deberá acreditar la investigación policial y que conjuga al Patrimonio Histórico con otros de sus peligros actuales y frecuentes como el tráfico ilícito, el secuestro de bienes culturales o el blanqueo de capitales.
No somos conscientes de que vivimos, tantas veces, sobre ciudades primero indefensas, luego perdidas. Tampoco de que nuestro Patrimonio Histórico se empobrece, cada día con mayor impunidad, en tanto otras naciones lo siguen construyendo sin pausa. Cada vez guardamos menos ventajas sobre otros lugares que aprecian mucho más que nosotros los dulces frutos de su pasado. El deterioro de los espacios culturales debe ser objeto de un profundo y serio debate porque en situaciones de riesgo y grave crisis económica, los fondos públicos no deben dirigirse al falso mecenazgo de la Administración Pública en fundaciones y patronatos ruinosos que solo nos sirven para engrandecer la nómina y el ego de gestores y artistas normalmente apresurados y mediocres, dedicados con indolencia a la catalogación de obviedades y a señalar aquel instinto más servil para la función social de los intelectuales y creadores. El mecenazgo solo puede alcanzarse desde la privacidad, el apoyo desde la Administración Pública a la cultura no es un ejercicio de voluntad sino un imperativo constitucional.
Nuestras ciudades monumentales tienen que construirse cada día desde nuestro diálogo interior. La mejor protección es nuestro aprecio y nuestra activa indignación para no permitir ese deterioro cómplice y silencioso que nos anuncia su pérdida irreparable.
